¿Trump, ya?

Jorge G. Castañeda

No se puede aseverar con total certeza todavía que Donald Trump será el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Los dos aspirantes cubano-americanos —Marco Rubio y Ted Cruz— pueden dar una sorpresa, sobre todo si dejan de pelearse entre ellos y uno declina a favor del otro. Pero se acaba el tiempo.

La victoria de Trump en los caucus de Nevada constituye su tercer triunfo al hilo y el más impresionante hasta ahora. Por dos razones: 1) porque duplicó el total de cada uno de sus adversarios incluso superando la suma de ambos; y 2) porque, de acuerdo con las encuestas de salida, obtuvo más de 40% del voto hispano, que es ante todo mexicano-americano y que es importante estadísticamente hablando. A diferencia de las votaciones en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, donde la presencia latina es muy reducida, en Nevada no lo es. Uno hubiera podido suponer que el discurso xenófobo de Trump, en relación a México en particular y a los hispanos en general, hubiera provocado cierto repudio por parte de este segmento del electorado. No fue el caso.

 Faltan elementos para que Trump cante victoria. En primer lugar, puede no hallarse a la altura de las expectativas que él mismo ha generado en las primarias del llamado supermartes, el 1 de marzo. Serán 12 estados con elecciones y él mismo se ha colocado la vara muy arriba: ganar en Texas, estado al que representa Cruz en Washington como senador. De caerse uno de sus dos oponentes, el otro podría aglutinar todo el sentimiento anti-Trump que impera en el Partido Republicano. Por la sencilla razón de que piensan que si él es el candidato republicano no solo va a perder, sino que va a hacer perder al partido su mayoría, por lo menos en el Senado y tal vez en la Cámara de Representantes. Y finalmente, siempre queda la esperanza de que, aunque Trump sea el candidato republicano, pierda en la elección constitucional frente a Hillary Clinton, que parece haber ya amarrado la candidatura demócrata.

Salvo que algo suceda con ella. Y no me refiero a un problema de salud o a una derrota por parte de Sanders, sino a que la investigación en curso por el FBI de la posible transmisión y recepción de correos electrónicos clasificados como secretos desde su servidor privado cuando era secretaria de Estado desemboque en una acusación penal en su contra. Los abogados bien enterados en Estados Unidos de cómo va dicha investigación empiezan a pensar que las probabilidades de que Clinton sí sea indiciada van creciendo. De ser el caso, de una manera o de otra, dejaría de ser la candidata demócrata y el partido se vería obligado a encontrar un nuevo candidato ya tarde en la temporada. En ese caso, la visión delirante de muchos hace algunos meses de que Trump pudiera ser presidente de Estados Unidos dejaría de ser... delirante.

 ¿En México vamos a seguir con la política del avestruz? Quizás en lugar de rescatar al soldado Moreira, la Cancillería podría reflexionar sobre cómo definirse ante la amenaza de Trump.

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¿Cuánto nos dio EU por sellar la frontera sur?

Jorge G. Castañeda

Hace unos días, el diario inglés The Guardian publicó una nota de su corresponsal en México a propósito de una demanda interpuesta por varias organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos al Departamento de Estado norteamericano. El motivo de la demanda es, según el periódico, obligar al Departamento de Estado “a divulgar cuánto le paga al gobierno de México para detener a los migrantes y refugiados que buscan llegar a la frontera con EU.” El grupo de cinco organizaciones, que incluye a Human Rights Watch (declaración de interés: soy miembro de la Junta de Gobierno desde 2003), busca obtener información sobre “el tipo y el monto de ayuda financiera otorgada al Instituto Nacional de Migración de México”.

El artículo afirma que documentos públicos del gobierno estadunidense muestran que inicialmente se le proporcionaron 86 millones de dólares a México, pero que no se sabe que parte de los 2.5 mil millones de dólares de la Iniciativa Mérida se han destinado a ese fin desde julio de 2014. En ese fecha se produjeron simultáneamente dos fenómenos: el incremento dramático del número de menores no acompañados centroamericanos llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, y el lanzamiento del Plan Frontera Sur del gobierno de México, destinado a “regularizar” el flujo de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos sin papeles. Según The Guardian, desde entonces más de 5 mil efectivos militares, navales y de la policía se han desplegado por todo el país para limitar el éxodo hacia Estados Unidos.

Todo el proceso se inició en septiembre pasado, cuando el mismo grupo interpuso una solicitud FOIA o Freedom of Information Act para obtener la información buscada, y que fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos. Allá existe el recurso de dirigirse a los tribunales para obligar al Ejecutivo a liberar los expedientes. La nueva demanda señala en particular que “la negativa del Departamento de Estado de entregar los documentos envuelve en el secreto el apoyo de EU al ilegal programa mexicano de deportación”. Según el diario, “existe una amplia evidencia anecdótica que se le está negado a la gente la oportunidad de pedir asilo mediante un sistema no declarado de cuotas de deportación del INM que viola el derecho internacional”.

Quizás el sistema norteamericano se tarde en divulgar los datos solicitados. ¿Cuánto tardaría el mexicano? ¿Cuántas solicitudes de información se han interpuesto ante el INAI? ¿Qué ha exigido la oposición en el Congreso? ¿Qué respondería la Secretaría de Relaciones Exteriores a las mismas preguntas?

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Francisco, Richelieu y la razón de Estado

Jorge G. Castañeda

Vino el papa y se fue, suscitando el entusiasmo de muchos, los comentarios de quienes nos ocupamos de eso, y la atención de todos. Cada quien puede sacar sus conclusiones sobre el marcador. Van las mías.

Al gobierno le salió barato el asunto . Puede celebrar un gran éxito. Quien haya negociado los términos sustantivos de la visita de Francisco I por parte del equipo de EPN lo hizo muy bien. No recibió a los padres de Ayotzinapa, no mencionó el episodio, no se refirió a ningún otro caso específico de violaciones a derechos humanos, y no habló públicamente del tema como un problema en México ni de México. Chapeau Peña Nieto.

Tampoco se adentró en el tema de la corrupción. Hubiera sido imposible que mencionara casos emblemáticos, pero sí era factible que ubicara este flagelo y el de la impunidad en el contexto latinoamericano. Podía hablar de su país, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá y México como lugares donde quizás siempre haya estado presente el fenómeno, pero donde ahora las sociedades lo toleran menos. Podía no referirse a la corrupción en términos tan generales que le permitiera a la clase política desentenderse de sus proclamas: "Es terrible la corrupción en el mundo; ¡que bueno que no se refirió a nosotros!". De nuevo, un 10 para EPN.

Condenar la violencia para atribuirle toda al narco equivale a hacer caso omiso de la responsabilidad del Estado. Hubo una decisión de Estado de declarar la guerra; hubo participación de Estado, a través de fuerzas de seguridad carentes de la capacidad para librar esa guerra. Y hubo una corresponsabilidad de Estado —de los poderes Judicial y Legislativo federales, y de los estatales y municipales— por aceptar esa guerra. No se trata de que los jóvenes no se vuelvan sicarios, ni que los narcos dejen de ser malos. Se trata de un incremento bestial de la violencia desde 2008 comoresultado de una política de Estado, aunque los autores materiales de esa violencia sean narcos y sicarios. Por último, Francisco I habló en Juárez del maltrato a migrantes, pero en abstracto. No citó las deportaciones de Obama o los muros de Trump ni las deportaciones de centroamericanos de EPN.

Tal vez ignoraba que en 2015 México deportó a más centroamericanos que EU; y que casi deportamos a más migrantes en el sur, que los mexicanos que ellos deportan en el norte. ¿Era deseable y factible que hablara de todo esto? En mi opinión, lo primero sí, lo segundo por supuesto que no. Los momentos emotivos de la visita —en los hospitales, la cárcel, las calles, las iglesias— son memorables. Los silencios, también. Un cardenal de renombre, Armand Jean du Plessis, mejor conocido como Richelieu, reinventó la razón de Estado en el siglo 17. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús poco menos de un siglo antes del encumbramiento del francés y de su idea. Pero nadie como los jesuitas la han entendido.

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Los pasos de López

Jorge G. Castañeda

El gobierno cambió en 180 grados su postura ante la dramática crisis venezolana. Tomó cartas en la liberación de los presos políticos en ese país y en las múltiples crisis que lo agobian. En una decisión que no puede proceder más que de la Presidencia, la SRE y el presidente del PRI decidieron recibir a Lilian Tintori y a Antonieta López, esposa y madre, respectivamente, de Leopoldo López, el principal preso político de Venezuela.

Después de dos años de pasividad desde el encarcelamiento de López, y de un año previo de complicidad con las violaciones a los derechos humanos y las embestidas contra la democracia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, y al término de seis años de una pasividad semejante del gobierno de Calderón, Peña Nieto y Claudia Ruiz Massieu resolvieron dejar atrás, por lo menos en este caso, las trasnochadas ideas de no intervención y de miedo a Chávez y a Maduro.

Me explico. A los priistas no les cuesta trabajo hacerse de la vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos o a los ataques a la democracia en otros países. A los panistas enpriisados como Calderón y su equipo de relaciones internacionales tampoco. A esa inclinación natural, o chip priista, en el caso de EPN se sumó un verdadero pavor ante la posibilidad de que Maduro activara los círculos bolivarianos en México contra la reforma energética. Era un temor infundado; también temer una respuesta venezolana sobre Ayotzinapa era de escasa importancia. El hecho es que este temor y esa vieja creencia gobernaron la postura mexicana hacia Venezuela.

Tintori y Antonieta López tuvieron una visita a México exitosa y plural, entrevistándose incluso con el presidente del PRD, Agustín Basave; el presidente perredista del Senado, Miguel Barbosa, y hasta con el senador Mario Delgado, miembro de Morena. Después de varios intentos del propio Leopoldo López, de su esposa y de María Corina Machado de venir a México y entrevistarse con las autoridades, esta vez hablaron con media humanidad y lo hicieron muy bien. Deben darle seguimiento, reparando quizás una pequeña omisión, culpa de quien les organizó la visita: el encuentro con Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados.

Ruiz Massieu ha buscado darle relieve a los temas de género. No sé si la Cancillería sea el lugar adecuado, pero su encuentro con la esposa del preso político más conocido de AL tuvo connotaciones importantes de género. Un encuentro con la bloguera cubana Yoani Sánchez también lo tendría, no solo en materia de género, sino también en derechos humanos.

El gobierno de Peña Nieto difícilmente podrá remediar su historial interno en esta materia. En el plano externo, sí.

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Chihuahua y Veracruz: menos principismo, más eficacia

Jorge G. Castañeda

Falta poco para que concluya el proceso de selección de candidatos a las 12 gubernaturas de este año. Se cierra el plazo para recabar firmas proindependientes. Los importantes: Barraza en Chihuahua, Arellano en Aguascalientes, Luken en Tijuana y Frías Castro en Sinaloa casi lo logran. Los pleitos perennes entre candidatos del PRI se aplacan, con heridas que podrán cicatrizar entre ellos, pero no necesariamente en el seno del electorado. Las alianzas anti-PRI van y vienen, sobre todo en la comentocracia.

Para contribuir a la cacofonía, propongo una visión más casuística de las alianzas, de las virtudes y los riesgos de las candidaturas independientes y del nexo entre estos comicios y los de 2018. Me centraré en dos estados. Junto con el Edomex, Veracruz es la última gran retaguardia electoral del PRI. Comprende el tercer padrón del país, nunca ha habido alternancia y lograrla le daría un carácter más parejo a la votación presidencial de 2018. Con el Edomex y Veracruz en la bolsa, el PRI solo ha perdido frente a un gran candidato (Fox en 2000) o con uno pésimo (Madrazo en 2006).

En Veracruz se plantea un dilema para cualquier partidario de causas ciudadanas. Por un lado, arrebatarle su penúltimo bastión al PRI contribuiría a emparejar la cancha para 2018. Por otro, el único rival susceptible de ganarle al partidazo es Miguel Ángel Yunes, candidato de una alianza PAN-PRD y quizá de algunos más, un político cuya trayectoria les resulta reprobable a varios por un sinnúmero de sospechas y realidades. Para acabarla, contendían tres independientes: uno —Gerardo Buganza— ya se bajó; otro no pinta, pero Juan Bueno, el tercero, sí puede aglutinar algunos sufragios del PAN, su antiguo partido. ¿Qué hacer? Si fuera jarocho me inclinaría, con una dosis de renuencia y cinismo, por Yunes. Me importa más la alternancia que la pulcritud de su abanderado, sobre todo cuando el rival priista también se apellida Yunes, y el independiente no tiene posibilidades.

El otro es Chihuahua. Fue el segundo de la alternancia, y puede ser el segundo donde gane un independiente. Solo que a Barraza se le atravesó Javier Corral, que ha sido candidato a gobernador. Un audaz y aguerrido legislador. En lugar de que el PAN apoye al Chacho para que gane y el repudio al gobernador saliente tenga consecuencias, Corral insistió en su candidatura aunque pueda dividir el voto del hartazgo y darle la victoria al PRI. Ha dicho que declinaría a favor de Barraza si 30 días antes de la elección las encuestas no lo favorecen, pero no parece haber reciprocidad. Para no errarle, y a sabiendas que Corral sería aire fresco para Chihuahua, si votara me quedaría con Barraza porque me importa más una victoria independiente que un gobernante iconoclasta y dinámico.

 ¿Cuál es la regla entonces? Ninguna. Conviene ver qué es más compatible con las causas que uno abraza. Un actitud menos principista, y quizás más eficaz.

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