¿Cuánto nos dio EU por sellar la frontera
sur?
Jorge G. Castañeda
Hace unos días, el diario
inglés The Guardian publicó una nota de su corresponsal en México a propósito
de una demanda interpuesta por varias organizaciones de derechos humanos de
México y Estados Unidos al Departamento de Estado norteamericano. El motivo de
la demanda es, según el periódico, obligar al Departamento de Estado “a
divulgar cuánto le paga al gobierno de México para detener a los migrantes y
refugiados que buscan llegar a la frontera con EU.” El grupo de cinco
organizaciones, que incluye a Human Rights Watch (declaración de interés: soy
miembro de la Junta de Gobierno desde 2003), busca obtener información sobre
“el tipo y el monto de ayuda financiera otorgada al Instituto Nacional de
Migración de México”.
El artículo afirma que
documentos públicos del gobierno estadunidense muestran que inicialmente se le
proporcionaron 86 millones de dólares a México, pero que no se sabe que parte
de los 2.5 mil millones de dólares de la Iniciativa Mérida se han destinado a
ese fin desde julio de 2014. En ese fecha se produjeron simultáneamente dos
fenómenos: el incremento dramático del número de menores no acompañados
centroamericanos llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, y el
lanzamiento del Plan Frontera Sur del gobierno de México, destinado a
“regularizar” el flujo de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos sin papeles.
Según The Guardian, desde entonces más de 5 mil efectivos militares, navales y
de la policía se han desplegado por todo el país para limitar el éxodo hacia
Estados Unidos.
Todo el proceso se inició en
septiembre pasado, cuando el mismo grupo interpuso una solicitud FOIA o Freedom
of Information Act para obtener la información buscada, y que fue rechazada por
el gobierno de Estados Unidos. Allá existe el recurso de dirigirse a los
tribunales para obligar al Ejecutivo a liberar los expedientes. La nueva
demanda señala en particular que “la negativa del Departamento de Estado de
entregar los documentos envuelve en el secreto el apoyo de EU al ilegal
programa mexicano de deportación”. Según el diario, “existe una amplia
evidencia anecdótica que se le está negado a la gente la oportunidad de pedir
asilo mediante un sistema no declarado de cuotas de deportación del INM que
viola el derecho internacional”.
Quizás el sistema
norteamericano se tarde en divulgar los datos solicitados. ¿Cuánto tardaría el
mexicano? ¿Cuántas solicitudes de información se han interpuesto ante el INAI?
¿Qué ha exigido la oposición en el Congreso? ¿Qué respondería la Secretaría de
Relaciones Exteriores a las mismas preguntas?
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